Por Samuel Fernandez
La idea de construir un puerto seco en Dajabón suena, en principio, como una jugada estratégica casi obvia. Estamos hablando de una provincia fronteriza, con un flujo comercial constante hacia Haití, y con un mercado binacional que ya funciona aunque de manera informal en muchos aspectos como un verdadero pulmón económico de la zona. Sin embargo, como suele pasar con los grandes proyectos, la promesa de desarrollo viene acompañada de dudas legítimas y riesgos que no se pueden ignorar.
Desde el punto de vista positivo, un puerto seco podría representar un antes y un después para Dajabón. Este tipo de infraestructura logística permite organizar, almacenar y canalizar mercancías de forma más eficiente, reduciendo el caos que muchas veces caracteriza el comercio fronterizo. Para el Estado, implicaría mayor control fiscal, mejor recaudación de impuestos y una formalización del intercambio comercial. Para el empresariado, abriría oportunidades de inversión, empleo y crecimiento económico. Y para la provincia, significaría
colocarse en el mapa como un nodo clave del comercio internacional terrestre.Pero ahí es donde comienza la otra cara de la moneda.
La crítica principal no es al proyecto en sí, sino a la forma en que podría implementarse. Dajabón no es una zona vacía esperando desarrollo; es una comunidad con dinámicas económicas muy particulares, donde miles de personas dependen directamente del mercado fronterizo. Los vendedores informales, los pequeños comerciantes y los llamados “buscones” viven del día a día, de un sistema que, aunque desorganizado, les permite subsistir.
La pregunta obligada es: ¿qué pasará con ellos?
Si el puerto seco se traduce en una excesiva regulación, en la imposición de costos adicionales o en la exclusión de los actores más vulnerables, el proyecto podría convertirse en un mecanismo de desplazamiento económico. Es decir, lo que hoy es una actividad de subsistencia para muchos, mañana podría quedar en manos de grandes operadores logísticos y empresas con mayor capacidad financiera. En ese escenario, el desarrollo sería real… pero no inclusivo.
Si no ocurre, como siempre ha ocurrido con la ley 12-21, donde las empresas funcionan en otros pueblos no fronterizos, entonces, para los residentes de Dajabón, el impacto también seria doble. Por un lado, la llegada de inversión podría dinamizar la economía local, generar empleos y mejorar infraestructuras. Pero por otro, podría aumentar el costo de la vida, presionar los servicios públicos y transformar la identidad de una comunidad que históricamente ha vivido del comercio fronterizo tradicional.
En cuanto al comercio local, hay una tensión evidente. Un puerto seco organizado podría beneficiar a negocios formales que buscan estabilidad y crecimiento. Pero al mismo tiempo, podría asfixiar a los pequeños comerciantes que no puedan adaptarse a nuevas exigencias legales, fiscales o logísticas. El riesgo es claro: pasar de un comercio accesible para muchos a uno controlado por pocos.
En definitiva, el puerto seco en Dajabón no es ni bueno ni malo por sí mismo. Todo dependerá de la visión con la que se ejecute. Si se convierte en un proyecto inclusivo, que integre a los actores locales, respete la dinámica del mercado y ofrezca oportunidades reales de adaptación, podría ser una herramienta poderosa de desarrollo.
Si, es cierto, hay un mal en nuestro mercado que hay que erradicar, y es el llamado ´´MONOPOLIO´ el impedimento a productores de la zona, vender de forma directa en dicho intercambio comercial, que es de todos. Pero si se impone desde arriba, EL PUERTO SECO, sin escuchar a la gente que vive del comercio día a día, entonces podría terminar profundizando desigualdades y desplazando precisamente a quienes han sostenido la economía de la frontera durante años.
Dajabón no necesita solo infraestructura. Necesita desarrollo con rostro humano.
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